Domingo, 02 febrero 2025
El periodista y analista de seguridad pública, David Saucedo, analiza el peligro que implica enviar a las Fuerzas Armadas al centro de operaciones del narco mexicano
Omar García Harfuch, el encargado de implementar la estrategia de seguridad para pacificar al país, afirmó que no existirá ninguna clase de diálogo con el crimen organizado y enfatizó que siempre sale mal y que sería un “espejismo”. Para bajar los índices delictivos —agregó—, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum partió de una premisa: “los delitos no bajan si no detenemos a quienes los cometen”.
Para que esa estrategia de seguridad funcionara, el gabinete de seguridad federal aprobó el envío de de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas (Marina, Defensa y Guardia Nacional) a las zonas con mayores índices de violencia. Sinaloa, cuna del Cártel del Pacífico, fue de las zonas elegidas para poner un freno a la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza; sin embargo, para el analista en temas de seguridad David Saucedo, también representa un riesgo por el poder corruptor que posee el narco mexicano.
En entrevista con periodistas, David Saucedo amplió el marco de las instituciones que suelen ser corrompidas por el narco; más aún, cuando se trata de aquellas que se encuentran en sus principales centros de poder: “No sólo pasa con las Fuerzas Armadas, pasa con el Poder Judicial y con el sistema penitenciario”.
De Los Zetas al Cártel de Sinaloa
David Saucedo recordó lo que ocurrió con el Cártel del Golfo y su poder para seducir a toda una brigada del del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Independientes (GAFE´s) para que a finales de la década de 1990 desertaran al Ejército Mexicano y se convirtieran en la guardia personal de Osiel Cárdenas Guillén, misma que con el tiempo aumentó su poder y se consolidó como uno de los cárteles más sanguinarios del país: Los Zetas.
Hace un par de semanas, Héctor Francisco Morán González, comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco, pidió no dar voz a los criminales que tapizaron la entidad con narcomantas en las que lo señalaban —a él entre otras autoridades— de recibir sobornos de hasta 10 millones de parte del CJNG. El comandante ya dejó el cargo (el 31 de enero de 2025), la misma semana que el Congreso local aprobó tipificar como delitos graves que ameritan cárcel la colocación, posesión y fabricación de narcomantas.
En Sinaloa las narcomantas quedaron atrás y dieron paso a los volantes y los interrogatorios criminales. Sujetos levantados y desaparecidos suelen ser grabados, torturados y asesinados por miembros rivales mientras afirman que las autoridades de los tres niveles los protegen. Desde los aires avionetas han soltado miles de volantes para denunciar la corrupción que existe y protege a Los Chapitos y La Mayiza. Las autoridades —dicen— ya investigan.
En el contexto de la narcoguerra de Sinaloa, el gobierno de Donald Trump (su segundo mandato como presidente de Estados Unidos) analiza la posibilidad de denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, sin embargo:
